shutterstock_132808505Reconocemos lo importante que es para los comerciantes la relación con sus clientes. Por esta razón, compartimos esta publicación con el propósito de proveerle información sobre la Ley Núm. 38 del 3 de mayo de 2016, conocida como la Ley de Información al Ciudadano sobre la Seguridad de Bancos de Información.

Esta Ley se adoptó con el siguiente propósito: “Para prohibir que cualquier establecimiento comercial copie o recopile información personal de un consumidor al momento de realizar una compra o adquisición de bienes o servicios como requisito para culminar la transacción comercial, utilizando el método de tarjetas de crédito o de débito; y para otros fines.”

¿QUÉ MOTIVÓ LA CREACIÓN DE ESTA LEY?

Entre las razones expuestas figuran: el significativo aumento en las transacciones comerciales en las cuales se ha incrementado el acceso a la información personal de los ciudadanos actuando en su capacidad de consumidores. También se incluyen los resultados de un estudio realizado por la Federal Trade Commission (FTC), entre los años de 1998 y 2003 donde se estima que unos 27.3 millones de estadounidenses fueron víctimas del hurto de su identidad. En términos económicos esto representó una pérdida de sobre $48 mil millones a diversas empresas, así como la pérdida de unos $5 mil millones a los consumidores afectados por esta acción. Además, los datos muestran que para el año 2005, la Federal Trade Commission recibió 685,000 querellas de hurto de identidad.*

Pero los motivos van más allá. Es que a pesar de que ya existía legislación en Puerto Rico para el delito de usurpación de identidad, y disposiciones legales federales que regulan las políticas de privacidad, se identificó que existía una deficiencia legislativa al momento de confrontar la recopilación de información por parte de los comercios que realizan transacciones de adquisición de bienes o servicios. Un ejemplo que se ofrece está el que en muchas ocasiones, cuando se realiza una transacción para la adquisición de artículos, y se paga con tarjeta de crédito o de débito, se le requiere al consumidor que incorpore en el recibo información privada y personal del ciudadano. Tales como su número de teléfono, número de licencia de conducir u otra información personal y privada. Se indica que “dicha información personal queda sin resguardo y es muy susceptible de ser manejada por múltiples personas sin ningún tipo de control administrativo y que es significativo el riesgo de utilizar incorrectamente tal información en perjuicio de la ciudadanía.”*

A tales efectos, la legislatura decidió establecer pautas para proteger a la ciudadanía en Puerto Rico de acciones dirigidas a recopilar información que pudiera ser incorrectamente utilizada en perjuicio de los ciudadanos y los derechos que le deben ser resguardados. En fin, se trata de proteger los derechos a la identidad de cada persona estableciendo limitaciones a la información que puede ser recopilada de parte de la ciudadanía como requisito para culminar la transacción comercial.

 ¿CÓMO APLICAR LA LEY?

  • Evite copiar o recopilar información personal de los consumidores al momento de realizar una transacción comercial. En el caso de los pagos electrónicos mediante tarjetas de débito o crédito, puede solicitarle al consumidor una tarjeta de identificación solo con el fin de verificar su identidad con el propósito de culminar la transacción. Es importante aclarar que la limitación no aplica a aquella información provista voluntariamente por el consumidor con el propósito de acogerse a ofertas comerciales o a recibir boletines periódicos que contengan información u ofertas comerciales de estos establecimientos comerciales.
  • Tenga siempre presente que la información del consumidor sujeta a la limitación incluye: número de seguro social, características o descripciones físicas del ciudadano, dirección postal o residencial, número de teléfono, número de pasaporte, número de licencia de conducir, número de identificación electoral o cualquier otra información personal u oficial.
  • Qué no incluye la Ley: No incluye acciones de establecimientos comerciales exclusivamente dirigidas a:
    • La evaluación del ciudadano cuando éste voluntariamente la provea para propósitos de obtener ventajas, ofertas comerciales y beneficios económicos que de otra forma no estarían disponibles.
    • Cuando la información personal específica resulte necesaria y conveniente para culminar algún trámite, como lo podría ser la dirección residencial y el número de teléfono para la entrega de los productos adquiridos; la descripción física del consumidor para algún elemento específico del producto o servicio adquirido.
    • Cuando sea para propósitos de cualificar o pre cualificar a un consumidor cuando éste voluntariamente lo provea para propósito de alguna transacción dirigida a la adquisición de bienes o servicios.

Le recordamos, que al igual que otras leyes puestas en vigor en Puerto Rico, el Departamento de Asuntos del Consumidor fiscalizará la adecuada implantación de esta Ley y  podrá imponer multas al respecto.

*Sección Exposición de Motivos, Ley Núm.38, 3 de mayo de 2016